Durante los catorce años de gobierno peronista
(2001-2015) el Estado, como esfera de acción a partir de la cual se desarrolla
la política social, volvió a tener una
centralidad inusitada y necesaria para reconstruir la sociedad que había
quedado devastada después de la experiencia neoliberal que dominó la década del
noventa. Pero es probable que haya existido una contradicción profunda en el
funcionamiento estatal durante los catorce años durante los cuales primó el
crecimiento económico. Si bien las
intervenciones del Estado tuvieron un poderoso efecto homogenizador, igualador
e inclusivo, proveyendo beneficios directos e indirectos a los sectores más
necesitados y también a las clases medias que habías sufrido la pauperización
neoliberal, no deberíamos descuidar un aspecto menos advertido del tipo de
acción estatal que se desarrolló: esto es que ese tipo de funcionamiento
estatal produce a la vez efectos individualizantes, puesto que los
beneficiarios de los servicios al ser homogenizados y enmarcados en categorías
jurídico-administrativas que los hacen portadores de derechos, son privados de
su pertenencia concreta a colectivos reales. Cuando se les procura a los
individuos ese “paraguas” que es el seguro de asistencia a través de la
estructura estatal de forma directa, se los autoriza a la vez a librarse de
todas las comunidades y pertenencias posibles empezando por las solidaridades
elementales de la vecindad.
Si bien los poderes públicos durante esos años
recrearon la protección y el vínculo, lo hicieron en un registro totalmente
distinto del de la pertenencia a comunidades concretas. Al establecer
regulaciones generales y fundar en ellas derechos objetivos, el Estado ahondó
aún más la distancia con los grupos de pertenencia que perdieron su razón de
ser como redes proveedoras de protección. Las protecciones sociales directas
les permitieron a los individuos
conjurar los riesgos de la anomia social a la vez que liberarse de cualquier
pertenencia comunitaria, contribuyendo al desarrollo del individualismo.
Cuando se ve la política social llevada a
adelante desde este punto de vista, se comprende mejor el por qué de que
sectores que habían sido beneficiados por la política social del peronismo
eligieron en 2015 una opción electoral cuya base ideológica está fuertemente
fundada en el individualismo y que entiende la sociedad como una competencia de
individualidades en el mercado.
No sería justo cargar todas las tintas sobre el
desarrolló de una cultura individualista a una acción estatal que se puso en
marcha en plena emergencia luego de diciembre de 2001. Pero no se puede negar
su colaboración con la ruptura de toda pertenencia comunitaria e identidad
colectiva.
La descentralización de la política social
llevada adelante por el Estado, y la utilización de organizaciones intermedias
de la sociedad civil, de los movimientos sociales, sindicatos, clubes de
barrio, puede colaborar a reorganizar el lazo social y comunitario, permitiendo
instancias de organización popular que colabore en la llegada de los programas
sociales de una manera diferente a cómo se realizó en la última experiencia
peronista, para conjurar los riesgos de los procesos individualizantes que pueden favorecer a nuestro adversarios históricos y a la vea debilitar la necesaria solidaridad en la que se funda una sociedad más justa e igualitaria.